Causó sorpresa entre los bogotanos el anunció del gobierno de Claudia López de privatizar por intermedio de la venta del 9.4% de acciones del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) que actualmente son de propiedad del Distrito. Lo anterior, como parte de un proceso iniciado por la administración de Enrique Peñalosa y que fue aprobado en 2016 por el Concejo Distrital, con el que se tenía planeado la enajenación del 20% de las acciones del Grupo y que en una primera etapa ya se había logrado la venta del 10.6% de las acciones. Claudia López continúa con el plan de Peñalosa, debilitando de esta forma la participación de la ciudad en este sector clave.

La venta de las acciones ha sido defendida por el presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega, cuyo nombramiento fue criticado en su momento por saberse que era defensor de las privatizaciones de las empresas públicas. El proceso ya surtió su primera etapa, que fue el envío de la información relevante a la Superintendencia Financiera por parte de la administración distrital y se conoció que los resultados que arroje su venta serán destinados a la intervención vial de la calle 13 y el metro de la ciudad.

Concejales de distintas vertientes políticas coincidieron que este anuncio configura un incumplimiento a las promesas de campaña que presentó la alcaldesa Claudia López, quién en su momento de manera clara señaló que no se privatizarían las empresas públicas bogotanas. Incluso, una vez electa, la alcaldesa se manifestó en este sentido, expresando que “yo no considero vender empresas públicas de la ciudad”.

En junio de este año en una carta dirigida a la alcaldesa y a Juan Ricardo Ortega, un grupo de 21 concejales, liderados por el concejal Manuel Sarmiento, habían pedido proteger el patrimonio del GEB solicitando suspender cualquier proceso que causare afectación a su patrimonio. El Grupo de Energía de Bogotá tiene como máximo accionista al Distrito con una participación del 65.60%, un patrimonio a 2020 de 14.7 billones de pesos, unos activos por 31.1 billones y utilidades por 2.6 billones de pesos, significando para el Distrito Capital una de sus principales fuentes de ingreso.